4 de cada 10 grancanarios/as con discapacidad intelectual está en riesgo de exclusión social a medio plazo. Fundación Tutelar Canaria ADEPSI presenta un diagnóstico de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
En la actualidad, 181 personas con discapacidad intelectual del total de las atendidas en recursos y servicios de Gran Canaria están en situación de riesgo de exclusión social. A medio plazo serán 519 -es decir, 4 de cada 10- las personas con discapacidad intelectual en situación de riesgo en Gran Canaria.
Esta es una de las conclusiones del proyecto “Estudio y sensibilización para el desarrollo de una tutela inclusiva de personas con discapacidad intelectual”, elaborado por Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, con la financiación del Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la colaboración de 36 entidades del sector.
Los datos aportados por este informe confirman que “en el futuro se producirá un debilitamiento de las redes de apoyo naturales de las personas con discapacidad Intelectual, lo cual podrá llegar a generar situaciones de riesgo o de exclusión social”. El documento subraya que “en la actualidad ya se dan situaciones de riesgo de exclusión social” , y reclama acciones preventivas para evitar que esta situación empeore en el futuro.
El informe ha sido presentado este martes en Las Palmas de Gran Canaria por su autora Davinia Martín, y la coordinadora de Fundación Tutelar Canaria, Saray Rodríguez, con la presencia de la presidenta de la entidad, María Eugenia Palmas, y del viceconsejero Francisco Candil.
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, que celebra ahora su 15 aniversario, atiende a personas con discapacidad intelectual, a mayores de 65 años con deterioro cognitivo y a personas con una enfermedad mental, cuya capacidad de obrar haya sido modificada o revisada por una resolución judicial y no dispongan de familiares a su cargo.
Durante estos primeros 15 años ha asumido 18 cargos judiciales (tutelas, pre tutelas y curatelas) y en la actualidad está implantada en las islas de Gran Canaria y Lanzarote.
El estudio presentado este martes examina la situación de las personas con discapacidad intelectual atendidas en 36 de los 38 recursos y servicios de atención de Gran Canaria (lo que representa el 94,74% del total), y una muestra de 700 unidades familiares sobre una población de 1.367 personas (representa el 51,21%).
El estudio de estos datos permite prever cuál será la evolución a medio-largo plazo y cómo prevenir posibles situaciones de riesgo y vulnerabilidad social.
Los autores del trabajo han realizado “un diagnóstico a través del estudio de la situación personal y socio- familiar de las personas con discapacidad intelectual mayores de 21 años” con el fin de tener un mayor conocimiento acerca de sus redes de apoyo.
Este diagnóstico permitirá “activar mecanismos de acción preventiva ante posibles situaciones de riesgo y exclusión social de forma certera, y atendiendo a las necesidades reales detectadas”, señala el trabajo.
El estudio destaca que “cada vez más personas son diagnosticadas con discapacidad intelectual” y apunta que en Gran Canaria se ha producido un aumento del 3,73% en el último tramo temporal conocido: de 2012 a 2016. En este periodo se pasó de 5.571 a 5.779 personas diagnosticadas.
En la actualidad, el apoyo global y continuado que requiere el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual es ofrecido principalmente por el entorno familiar.
En el 54,06% de los casos la cuidadora es la madre. Un 84,12% de los cuidadores de ambos sexos presenta un perfil caracterizado por la pérdida de capacidades para el cuidado, tanto propio como ajeno, derivado de su propio proceso de envejecimiento. Además, 8 de cada 10 cuidadores no trabajan.
Según los datos de este estudio, en una década el 67,08 % de las personas con discapacidad intelectual de Gran Canaria será mayor de 45 años.
En 2016 sólo en la isla de Gran Canaria 613 personas con discapacidad intelectual estaban a la espera de obtener plaza en alguno de los diversos tipos de recursos y servicios, disponibles. 262 de ellas aguardaban por un recurso alojativo.
Los resultados expuestos en este estudio se formulan bajo un error muestral de más menos 2,6 para un nivel de confianza del 95,5%. Esto supone que puede existir una variación de representación en los resultados obtenidos de tres personas con discapacidad intelectual de más o de menos para cada ítem en particular.
